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| MP/MG-Mt-003-A | 1 marzo 2006 | UTE-CPP |
A partir de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal el 27 de septiembre del 2004, el Ministerio Público de la República Dominicana toma conciencia de la necesidad de introducir cambios en su modelo de gestión de fiscalías dando así inicio a un proceso reingeniería organizacional y procesal cuyo objetivo principal es la exitosa implementación del mismo.
La reforma procesal exige trasladar a la realidad operativa de las instituciones los nuevos principios, valores e instituciones contemplados en la ley. Esto demanda transformar la cultura organizacional de las instituciones y exige modificar las prácticas de los operadores. El cambio en la normativa procesal es apenas el primer elemento en este amplio proceso que para culminar exitosamente debe abordar aspectos gerenciales, organizativos, metodológicos, de distribución de la carga procesal, de infraestructura física, tecnología, gestión del capital humano y de manera importante los sistemas de indicadores de gestión y del desempeño institucional e individual.
El Ministerio Público está llamado a cumplir un papel central en la gestión de la conflictividad penal, pues su actividad posibilitará que muchos casos lleguen al conocimiento de los tribunales y que ellos impartan justicia; pero también hará posible que otros conflictos encuentren otras formas de resolución, de carácter restaurativo o compositivo, contribuyendo a la paz social y evitando la impunidad. Es necesario plantear nuevos procesos de actuación que permitan desarrollar una mayor capacidad de respuestas no jurisdiccionales y mejorar la gestión de las respuestas jurisdiccionales, incorporando nuevas prácticas, o abandonando aquellas que se aprecian como disfuncionales.
La dinámica operativa del Código Procesal Penal es ágil, rápida, demanda acciones oportunas en plazos cortos, ofrece múltiples vías de procesamiento para los casos y estos atributos se convierten a su vez en requerimientos a sus actores, especialmente al Ministerio Público en quien descansa la responsabilidad de formular y sostener la acción penal. Para el modelo de gestión, estos requerimientos y atributos deben ser traducidos en formas de procesamiento, formas de organización y una capacidad de respuesta que se corresponda con esta nueva dinámica operativa.
La transición de un modelo a otro implica el desarrollo de un proyecto cuyas etapas explicamos a continuación:
1. Definición de la Base Conceptual del Modelo
2. Diseño del Modelo
a. Levantamiento de Información
b. Reingeniería del Modelo
3. Implementación del Modelo
4. Evaluación del Impacto del Cambio y del Desempeño en Gestión
