En el tránsito desde el antiguo Código de Procedimiento Criminal al actual Código Procesal Penal se generaron un sinnúmero de expectativas legítimas acerca de una mejoría en el funcionamiento de la justicia penal en República Dominicana, aunque muchas de estas expectativas estuvieron afectadas de una mítica creencia de que con el sólo cambio en la ley todo marcharía viento en popa, obviando de paso que la reforma se monta sobre una realidad marcada por un conjunto de prácticas que en decurso del tiempo llegan a tener una vida independiente de la ley.

En el Ministerio Público hemos tenido bien claro desde los albores de la Reforma Procesal Penal que si realmente se aspira a modifi car la realidad, más allá de los cambios en las normas, el reto es introducir cambios en la práctica de los operadores, y, entendiendo por práctica la forma de trabajo rutinario –el cómo se hace–, uno de los temas que con mayor intensidad deben ser abordados en la implementación es precisamente cómo generar un entorno que neutralice las prácticas vigentes que no son consecuentes con los cambios normativos al tiempo que se introducen las practicas consecuentes en sustitución de las anteriores.

En esa lógica, como la reforma montó el escenario para la institucionalización del Ministerio Público, convirtiéndolo en la entrada al sistema penal y, consecuentemente, dotándole de una mayor carga de trabajo y responsabilidad ante la sociedad, había que asumir un serio compromiso que tradujera en acciones las expectativas legales y ciudadanas y ese compromiso está siendo asumido y se mantendrá hasta ver convertido al Ministerio Público en la institución fuerte y responsable que esta sociedad a la que se debe reclama.

Es en ese compromiso que la implementación de un nuevo “Modelo de Gestión de las Fiscalías” asume una reorganización de los procesos ordinarios de trabajo, con miras a descentralizar los despachos de los fi scales y, esencialmente, brindar un servicio más efi ciente a la ciudadanía. Y, como parte de ese esfuerzo, se elabora el presente manual operativo, donde se incorporan instructivos básicos, acordes con la normativa vigente, sobre cómo deben proceder la fi scalías, asumiéndose desde ya como una herramienta esencial de cambio. El presente Manual servirá el triple propósito de constituir una herramienta de capacitación, de planifi cación del modelo en las fi scalías de gran volumen y de implementación en el resto de las fi scalías del país. Es imprescindible que cada miembro del Ministerio Público y el personal administrativo que da apoyo a las Fiscalías se familiarice con los procedimientos de trabajo recogidos en el presente Manual, de modo que los incorporen a sus tareas cotidianas. La correcta implementación del Manual será evaluada conforme se vayan incorporando al nuevo modelo las distintas fiscalías del país. Cabe resaltar en este punto el papel estelar jugado en la fase de diseño de este manual por las Procuradurías Fiscales de Peravia, La Vega y La Romana, que se convirtieron en verdaderos laboratorios donde fue posible someter a prueba los procedimientos de trabajo atinentes a la fiscalía recogidos en el presente volumen. Peravia, La Vega y La Romana han quedado de este modo inscritas en la historia de nuestra institución como pioneras en la implementación del Modelo de Gestión de Fiscalías y estamos seguros que es mucho lo que podremos aprovechar de sus experiencias para el resto del Ministerio Público.

El Ministerio Público agradece, además, la valiosa cooperación que para la materialización de este proyecto ha venido ofreciendo la Agencia de los Estados Unidos de América para el Desarrollo Internacional (USAID), a través del Proyecto Justicia y Gobernabilidad (DPK Consulting), a través del apoyo de reconocidos técnicos nacionales e internacionales, tales como Ricardo Mendaña, Miguel Angel Urbina, Jorge Chavarría y, en particular, Thalía Goldberg y Ramón Emilio Núñez.

Finalmente, nunca será ocioso recordar que la transformación del sistema de justicia penal dominicano, de modo que satisfaga las expectativas de la población por una justicia más ágil y efi caz, capaz de tutelar los derechos de las víctimas, sin menoscabo de las libertades individuales, está en manos de todos y cada uno de nosotros, en el caso de nuestra institución, en manos de los y las fi scales y todo el personal de apoyo administrativo, sin cuyo compromiso firme y sostenido muchas de las expectativas sociales podrían verse frustradas. En consecuencia, les aliento fervientemente, con toda la pasión que creemos debe aportarse al ejercicio de las funciones públicas, a asumir responsablemente el reto que en sus manos ha colocado la sociedad dominicana, consistente en hacer realidad en el ámbito de la justicia los valores de la democracia.