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El sistema está regido fundamentalmente por la ley 224 de 1984; esta se basa en la Constitución de la República, y las Reglas Mínimas aprobadas por la Organización de las Naciones Unidas en la Convención sobre el Tratamiento del Delincuente celebrada en Ginebra, Suiza en 1955.

Le sirven de complemento otras leyes, como la 674 de 1934, que establece el procedimiento para el pago y cobro de multas impuestas por los tribunales; la número 164 de 1980, sobre libertad condicional; la ley 672 de 1972, que sanciona los malos tratos y actos de tortura cometidos por funcionarios públicos encargados de hacer cumplir la ley y la negligencia que ponga en peligro la integridad de las personas bajo su guarda; la ley 60-93, que dispone la creación de cárceles modelo exclusivas para mujeres en todo el territorio nacional; las leyes 76-02 y 78-03, así como el Código Penal Dominicano y el nuevo Código Procesal Penal, y la ley 78-03 que crea el estatuto del Ministerio Publico.

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